Después del terremoto del Chocó: reconstruir de otra manera ya no es una opción, es una exigencia.

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4, este lunes 10 de agosto en Quibdó (Colombia). EFE - Jean Arriaga

La tierra tembló en el Chocó el pasado 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 —el más potente que ha vivido Colombia en una década— con epicentro en San José del Palmar. Y una vez más fueron las casas de las comunidades afro e indígenas las primeras en desplomarse. Su profundidad, cercana a los cien kilómetros, debió atenuar sus efectos en la superficie. No las libró. Donde una vivienda construida según las normas habría resistido, la vivienda del abandono cedió. No fue solo la naturaleza la que golpeó. Fue la negligencia.

El Chocó es uno de los territorios más ricos de Colombia en biodiversidad y en cultura, y uno de los más pobres en infraestructura, en servicios públicos, en presencia del Estado. Esa contradicción no es casual: es el resultado de una desidia histórica cuyas primeras víctimas son, invariablemente, las poblaciones negras e indígenas. Cuando ocurre una catástrofe, se habla de fatalidad. Pero no hay ninguna fatalidad en que las familias vivan en viviendas incapaces de resistir nada, en una región de la que se sabe desde siempre que está expuesta al riesgo sísmico.

La vulnerabilidad, aquí, no es natural. Es construida. Se construye con la ausencia de normas aplicadas, con la falta de control público, con décadas de inversiones que nunca llegan, o llegan tarde, o se pierden en el camino. Un sismo profundo de esta naturaleza pone a prueba a todo un país, pero no debería convertir en ruinas las casas de quienes nunca han recibido nada. Cuando lo hace, revela la verdad de un territorio abandonado a su suerte.

El drama ya está consumado. No se puede deshacer. Pero sí se puede decidir lo que viene después. Y es ahí donde el debate debe desplazarse: de la urgencia humanitaria, necesaria pero pasajera, hacia una exigencia política duradera. Reconstruir, sí, pero reconstruir de otra manera.

Otros países nos han demostrado que la resiliencia se aprende. Japón ha construido una verdadera cultura del riesgo: normas antisísmicas estrictas, estructuras diseñadas para absorber los movimientos, educación de la población. Chile, más cercano a nosotros, impuso tras sus grandes catástrofes códigos de construcción rigurosos que hoy salvan vidas. Estos ejemplos no tienen nada de inalcanzable. Se sostienen sobre una decisión: la de considerar que la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos los más pobres, es una responsabilidad del Estado.

Reconstruir de otra manera no significa importar soluciones costosas y ajenas. Significa, por el contrario, revalorizar lo que el territorio ya posee. Colombia dispone de la guadua, ese bambú robusto, ligero, flexible, notablemente adaptado a las zonas sísmicas y ya reconocido en construcciones certificadas a lo largo del país. Dispone de saberes vernáculos, de técnicas ancestrales de construcción que las comunidades conocen y que, acompañadas de un apoyo técnico y de normas claras, permiten levantar un hábitat a la vez seguro, digno y culturalmente enraizado.

Este punto es esencial. No se trata de imponer a las comunidades afro e indígenas viviendas estandarizadas que borren su manera de habitar el mundo. Se trata de hacer dialogar el saber técnico y el saber local, la norma sísmica y la memoria del territorio. Construir con materiales locales es también construir una autonomía: menos dependencia, menos costos, más arraigo. Es una respuesta ecológica tanto como social.

Lo que el terremoto del Chocó nos recuerda, en el fondo, es que la justicia racial, la justicia territorial y la justicia ambiental son una sola y misma cuestión. No se puede hablar de dignidad para las comunidades negras e indígenas mientras se las deja vivir en casas que se derrumban. No se puede celebrar la riqueza cultural de un territorio mientras se lo priva de los medios elementales de su seguridad.

La exigencia es simple de formular y difícil de ignorar: que el Estado financie y acompañe una reconstrucción fundada en los materiales locales y en el saber de las comunidades, no como un gesto de caridad, sino como el reconocimiento de un derecho. El derecho a vivir sanamente y en seguridad. El derecho, para los más vulnerables, a dejar de ser los primeros en caer cuando la tierra tiembla.

El Chocó no necesita compasión pasajera. Necesita un compromiso. Los escombros de hoy pueden convertirse en el punto de partida de otra manera de construir: más justa, más duradera, más digna. A condición de que la decisión se tome. Ahora.